El 9 de marzo entró en vigor la nueva ley de contratos del sector público

La nueva norma afecta a las proposiciones de las empresas en respuesta a las licitaciones de la administración pública.

Las principales novedades son:

1 Publicidad, uso de medios electrónicos y transparencia: La generalización del uso de la contratación electrónica, en todas las fases del procedimiento, constituye un avance positivo, aunque supone también un reto su puesta en práctica, coinciden todos los expertos, desde la fecha de entrada en vigor de la Ley, anticipándose al plazo establecido en la Directiva 2014/24/UE.

2 Criterios de adjudicación y su aplicación práctica: En este punto se subraya un planteamiento base del nuevo marco jurídico “que los criterios de adjudicación deben estar vinculados al objeto del contrato, aunque sean sociales, medioambientales o de innovación”. La nueva ley busca que los contratos se adjudiquen a la propuesta que ofrezca “una mejor relación calidad-precio”, huyendo así de la preeminencia del precio, que ha marcado la Ley 30/2007 y el posterior texto refundido.  En esta línea, la Ley 9/2017 introduce un nuevo criterio al que denomina “coste del ciclo de vida”, que presenta gran potencial a la hora de identificar la oferta con mejor relación calidad-precio, si bien, su aplicación no será sencilla. Este objetivo, búsqueda de equilibrio entre calidad y precio.

3 Procedimientos de adjudicación: Son varias las novedades que el nuevo marco normativo incorpora en este campo, tales como la supresión del contrato de colaboración público-privada, la reducción a unos supuestos muy concretos para la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad o la disminución de determinados umbrales, como en el caso del contrato menor. Aunque, el más destacable, es la introducción de un nuevo procedimiento, la asociación para la innovación (la posibilidad de promover la innovación en el marco de los contratos públicos ordinarios), que supone un enorme avance para la compra pública de innovación, especialmente si se tiene en cuenta que la nueva ley contempla otras figuras, como el contrato de servicios de investigación y desarrollo o las consultas preliminares de mercado.

Uno de los cambios más relevante se produce en la incorporación del procedimiento abierto simplificado y el popularmente conocido como “supersimplificado”.

5 La aplicación de la nueva Ley se deberá matizar en la práctica, a través de las decisiones de las Juntas y Mesas de Contratación, de los informes de las Juntas Consultivas de Contratación, de los Tribunales de Recursos Contractuales o, en último término, de los Tribunales de Justicia.

Desde LOAB ABOGADOS damos todo el soporte jurídico tanto a los contratistas como a los organismos públicos para conseguir la debida aplicación de la nueva norma.

BOE-A-2017-12902-consolidado

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